La calle está desbordada de expresiones emocionales: desesperación, lágrimas, impotencia, incertidumbre, frustración, desarraigo, necesidades y duelos que evidencian dicha crisis. Manifestaciones de las cuales no están exentos nuestros espacios de influencia: consultorios, lugares de encuentro privado y público, real y virtual, enunciadas en voces y símbolos de venezolanos dentro y fuera del país.

Un clamor que, por un lado, da cuenta de un profundo sufrimiento colectivo manifestado en descontento, ira, violencia, indignación y hartazgo social, pero por el otro, expresa acciones y formas de resistencia, sueños y esperanzas que buscan su cauce ante esta grave y extendida problemática que afronta el país.

Hoy —como en otras oportunidades— asumiendo nuestro compromiso y responsabilidad profesional y ciudadana, la Red de Apoyo Psicológico (UCV/USB/UCAB/UNIMET), la Federación de Psicólogos de Venezuela y el Área de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, expresamos nuestra profunda preocupación ante el curso de los acontecimientos ocurridos a raíz de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que, en opinión de la Fiscal General de la República, “…se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del Orden Constitucional”. A esto se le suma el reciente llamado del Jefe de Estado a una “…Asamblea Nacional Constituyente, ciudadana y de profunda participación popular…”, introducida ante el CNE.

Estos hechos, sin duda, profundizan la crisis existente e incrementan las protestas y la violencia represiva del Estado frente a las demandas ciudadanas, reportando un aumento alarmante de muertos —especialmente jóvenes—, heridos y detenciones en todo el territorio nacional.

A lo largo del nuevo ciclo de protestas acaecido en el mes de abril y lo que va del mes de mayo, hemos sido testigos del recrudecimiento de un ejercicio autoritario (militar y policial) que viola los derechos humanos, acosa y criminaliza a personas y organizaciones cuando, apegados a la Constitución Nacional, ejercen su derecho a la protesta pacífica.

Preocupa especialmente, la participación de civiles armados en acciones de contención durante las protestas ciudadanas —donde parecieran actuar en coordinación con algunos funcionarios policiales o militares—, acción que no está contemplada en ningún ordenamiento jurídico vigente. A esto se suma la violencia impune de la delincuencia, de grupos irregulares de distinto origen. Ello ha generado un incremento significativo de conductas de autoprotección y confrontación en zonas residenciales. Espiral de violencia que, de no ser contenida a tiempo, nos podría conducir a un escalamiento del conflicto.

Asimismo, se registra en Caracas y ciudades del interior —según denuncias de las víctimas y de la propia Fiscalía General de la República— la persecución, acoso y encarcelamiento de ciudadanos sin respetar el debido proceso. Estas situaciones agudizan el estado de anomia y anarquía generalizada, de cuyos riesgos en términos de acciones masivas de violencia, lucha por territorios y recursos, conformación de bandas armadas y grupos paramilitares, guerras fratricidas y muerte, han padecido muchos países latinoamericanos a lo largo del siglo XX.

Estas condiciones, sumadas a la precariedad cotidiana que sufre la población, nos convocan a exhortar y exigir a los líderes y voceros de todas las tendencias políticas y, en especial, a los representantes gubernamentales y de los poderes públicos establecidos en la Constitución —a quienes corresponde la mayor responsabilidad— a privilegiar el aspecto ético y encontrar las vías democráticas que permitan:

• La restitución —sin restricciones de ninguna índole— del Estado de Derecho en Venezuela.
• La protesta ciudadana pacífica, sin la amenaza de represión del aparato militar y policial.
• La recuperación del ejercicio de la política que favorezca procesos de diálogo, negociación y acuerdo entre los diferentes actores políticos y sociales de nuestro país.
• El libre ejercicio de los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, en todas sus modalidades, que eviten visiones sesgadas, partidizadas y/o negadoras de la realidad o transmitan mensajes que acrecienten la
  incertidumbre, angustia y miedo de la población.
• La reconstrucción del tejido social afectado por la polarización, fragmentación y territorialización del conflicto.
• Los procesos de reparación social del daño, apoyo a las víctimas y garantías de justicia contra la impunidad.

Proponemos, en resumen, la profundización democrática, pues sólo en democracia pueden favorecerse los procesos mediadores, de diálogo genuino y consensos sociales que impulsen la búsqueda de salidas electorales, pacíficas y constitucionales a esta crisis. Ese quehacer democrático que diseña un marco de referencia común de equidad, justicia y solidaridad, que defiende los derechos humanos, lucha por la dignidad de toda la población y fortalece nuevas identidades y subjetividades.

Trabajamos en ello desde una perspectiva psicosocial que se ocupa de los cuidados de la salud psicológica de la población, la prevención de los malestares inherentes a su riesgo y nuestra preocupación por las personas más vulnerables en situaciones de conflicto y emergencia social.

En Caracas, a los cinco días del mes de mayo de 2017.